Cercados por FGR

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- El miedo no anda en burro, y no es para menos, pues la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene en la mira a los gobiernos panistas de Yucatán y traen marcación personal del Gobierno Federal por la rampante corrupción que prevalece en el Estado por parte de las autoridades.

Fuentes al interior de la Fiscalía General de la República revelaron a Sol Yucatán que se van a revisar e investigar las cuentas públicas, el desvío de recursos, empresas fantasma y denuncias de violaciones a los derechos humanos
No salen de una y les cae una nueva bomba al gobernador Mauricio Vila Dosal y al presidente municipal Renán Barrera Concha sobre sus aspiraciones políticas, uno para la candidatura a la presidencia y el otro a la gubernatura, respectivamente.

Autoridades del Gobierno Federal arman un voluminoso expediente para investigar a fondo hasta a funcionarios cercanos al gobernador quienes “preparan” su salida del gabinete para huir del Estado. Obviamente todo se maneja sigilosamente por lo delicado de la situación. Ya que Vila Dosal y Barrera Concha no han podido responder a los señalamientos de corrupción y nexos con empresas fantasma.

Actualmente hay denuncias ante la Auditoria Superior del Estado de Yucatán en contra de Vila Dosal por probables faltas administrativas cometidas durante su gestión como alcalde de Mérida, (2016-2019) periodo en el cual se desviaron 219 millones de pesos.

Se entregó en la oficialía de partes de la ASEY un archivo con 194 hojas que contienen información para completar la investigación que realiza el órgano fiscalizador del Estado respecto a la creación de 21 empresas fantasmas, a través de las cuales, el Ayuntamiento de Mérida, que presidió hasta el pasado 7 de enero Mauricio Vila, habría desviado más de 220 millones de pesos.

Estos desvíos que realizaba el Ayuntamiento de Mérida en el período de Vila Dosal se conformaban en 3 tipos de empresas: Las empresas que saben que son prestanombres y que cuando cobran los ingresos los transfiere a alguien más.

El segundo tipo son las empresas que si existen, pero se dedican a otra cosa, como una señalada de haber cobrado más de 5 millones de pesos por el concierto de Fito Páez, que cerró el evento Capital Americana de la Cultura, cuando la empresa se dedica a venta de material eléctrico y no a la promotoría artística, con lo cual se comprueba que solamente fue usada para cobrar millones de pesos.

Por último, el grupo de las empresas donde los “socios” ni conocen ni saben que tienen una empresa y le facturan a las instituciones gubernamentales. En este caso son personas de grupos vulnerables y se encuentran en precarias condiciones de vida los cuales se encuentran ajenos al hecho de haber “cobrado” millones de pesos a través de lo que podría constituirse también como “usurpación de identidad” y 4 de estas empresas ya fueron determinadas por el SAT como empresas fantasma.

También el alcalde y su hermano Jorge están en la mira de la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, empresas fantasma y otros actos de corrupción cometidos en los dos trienios que ha permanecido como presidente municipal.

“El hermano predilecto” se ha enriquecido a costa de la Comuna meridana, pues adjudica arbitrariamente licitaciones para su beneficio así como de sus amigos, por lo que el Ayuntamiento de Mérida se ha tornado en un “negocio familiar”.
Todo ello lo realiza Renán Barrera con tal de generar una solvencia financiera para preparar su camino a la gubernatura del Estado, en 2024.

Claro está, siempre y cuando no lo persiga la justicia federal, pues la FGR le sigue sus pasos con detalle ante las numerosas irregularidades que ha cometido como Alcalde, y muchas de las arbitrariedades ya fueron publicadas, con pruebas, por Sol Yucatán.

Durante su carrera política, Barrera Concha ha incrementado su fortuna con la participación de su hermano Jorge, quien también ya cuenta con un buen capital, todo ello, producto del lavado de dinero.

Los hermanos Jorge y Renán Barrera siguen creciendo su riqueza al amparo del poder manejando licitaciones que les garanticen dividendos para asegurar tres años más en el poder, y luego ser los patrones del Estado desde el Palacio de Gobierno.

Renán Barrera también mantiene negocios con traficantes de tierras, sobre todo con Arturo Millet, “el rey de los moches”, quien le construyó la casa en que vive actualmente.

Millet hizo grandes negocios con la Comuna, pues compró terrenos a precios ridículos ubicados en el monte, y Renán mandó a construir avenidas para que adquirieran plusvalía.

COMPLICIDAD

En un evidente acto de complicidad, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) aprobó la Cuenta Pública 2020 del Instituto de Infraestructura Carretera pese a que cuenta con varias observaciones que no han sido solventadas, lo que demuestra la complicidad que el máximo órgano fiscalizador de Yucatán tiene con Mauricio Vila Dosal.

En la segunda entrega de los informes individuales recién publicados, la ASEY pone en evidencia diversas irregularidades en las que incurrió la dependencia que a la vista de la sociedad yucateca ha dejado mucho que desear, como son la adjudicación directa de contratos violando la ley y faltantes de millones de pesos que habrían sido malversados.

Solo hay que revisar las 30 fojas que componen el informe individual que la ASEY entregó de la auditoría efectuada, donde en primer lugar se informa que la muestra auditada por el orden de los 151 millones 56 mil 500 pesos, apenas correspondió al 28 por ciento del presupuesto total de la entidad pública que fue de 545 millones 15 mil 400 pesos en 2020.

La farsa inició pues, al tomar como “población objetivo” un total de 224 millones 26 mil 600 pesos, a modo de representatividad de la muestra, con lo que se influyó en el resultado final, al indicar que se tuvo una muestra auditada del 63 por ciento, quedando sin auditar apenas el 33 por ciento, cuando en realidad del universo total se dejaron sin auditar un total de 393 millones 958 mil 900 pesos.

Ya desde ahí se empieza a hacer notable la complicidad que el máximo órgano fiscalizador de Yucatán tiene para con cada una de las secretarías y dependencias del gobierno manejado por Mauricio Vila Dosal.