Dos mdp para matar ratas
Redacción/Sol Yucatán
Progreso.- Un monto de 2.1 millones de pesos pagó la Administración Portuaria Integral (API) para el control de plagas, en especial, los moscos y las ratas, sin embargo, los resultados fueron infructuosos, ya que la corrupción aún prevalece, a cinco años de este operativo.
En dicho período, son numerosos los proyectos aprobados, varios de los cuales ascienden a varios millones de pesos, tal el caso de las labores de jardinería, además de mantenimiento, etc.
El 22 de febrero de 2017, se presentó el fallo de la licitación pública nacional electrónica número LA-009J2U001-E11-2017, cuyo objeto fue la “Contratación del servicio de fumigación y desratización del recinto portuario de Progreso”.
En la convocatoria participaron seis licitantes, de los cuales, cinco eran empresas y el restante, una persona moral, pero ya había un acuerdo previo con la compañía Suministros y Aplicaciones de México, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Dado que aprobó la evaluación técnica y económica, se le asignó un monto por dos millones 81 mil 524.88 pesos, por lo que es descarada la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán.
Posteriormente, el contrato plurianual fue firmado el 28 de febrero de 2017, por lo que la vigencia inició al día siguiente, para concluir el 31 de enero de 2019.
El documento fue firmado por la gerente de Administración y Finanzas de la API, Lorena Espinosa Rodríguez.
Claro de los recientes hechos de corrupción fue la reparación de la señalética, trabajo efectuado el año pasado, tras la fusión de dos iniciativas privadas.
Como oportunamente se publicó, el director general de la API de Progreso, Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, obtuvo un jugoso botín por 1.6 millones de pesos al beneficiar a un par de empresas que en 2021 se encargaron del mantenimiento de la señalética marítima.
De las diversas convocatorias que aprobó durante el año pasado, esta fue la más redituable, pues las otras no rebasaron el millón de pesos, por lo que su bonificación al favorecer a determinadas empresas osciló en el 10 por ciento del monto total.
El 19 de mayo de 2021, en la Sala de Juntas de Ingeniería de la API se dio a conocer el dictamen del fallo de la licitación pública nacional número LO-009J2U002-E6-2021 para la contratación de la obra denominada “Mantenimiento al señalamiento marítimo”.
En la convocatoria participaron dos licitantes, pero se privilegió a Reconstrucciones Actualizadas del Puerto, Sociedad Anónima de Capital Variable, en conjunto con Constructora Industrial Aries, SA de CV, a las cuales se les asignó un presupuesto por 16 millones 257 mil 208.77 pesos.
De acuerdo con el documento en poder de Sol Yucatán, “Esta proposición cumple con todos los requisitos y documentos solicitados en las bases de la licitación, se considera aceptable y corresponde a la postura solvente que ocupa el primer lugar con un puntaje de 95.75”.
El 2 de junio de 2021, se firmó el contrato y el licitante se comprometió a entregar las garantías de cumplimiento de contrato”.
Asimismo, se estableció que la obra tendría una duración de 120 días naturales, la cual comenzó el 3 de junio, para acabar el 30 de septiembre de 2021.
Desafortunadamente, en el acta no se especificó la labor que realizarían ambas empresas, en conjunto.
La respectiva documentación fue firmada por el titular del API, así como por el Gerente de Operaciones e Ingeniería, Ernesto Navarro del Toro; el subgerente de Ingeniería, Juan Manuel Cruz Mendoza, y el jefe de Proyectos y Concursos, Carlos Canto Trujillo.
Mientras que por el Órgano Interno de Control en la API-Progreso, firmó Fernando Galera Manzano.
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Con base a diversas arbitrariedades, directivos de la API de Progreso apostaron a favor de la empresa Constructores Civiles Peninsulares, Sociedad Anónima de Capital Variable, para efectuar trabajos de reparación, a la cual, en 2021 le pagaron 1.3 millones de pesos.
Las anomalías no son nuevas, pues en 2019 se benefició a Edificaciones Castro y Asociados, SA de CV, para efectuar labores de mantenimiento por un monto por 2.3 millones de pesos.
El 2 de julio de 2021 se efectuó la reunión para dar a conocer el fallo de la licitación pública nacional número LO-009J2U002-E9-2021 para la contratación de obra pública denominada “Reparación de cercas y muros de la API Progreso”.
A la convocatoria participaron dos licitantes, pero se privilegió a Constructores Civiles Peninsulares, a la cual se le pagó un millón 300 mil 818.52 pesos, por ser “la proposición solvente más conveniente para el Estado”.
Ante tal anomalía, fue flagrante la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como su reglamento.
El contrato fue firmado el 16 de julio, y se determinó que la obra tendría una duración de 61 días naturales, la cual inició ese mismo día, para concluir el 17 de septiembre.
El documento fue firmado por el titular del Órgano Interno de Control, API-Progreso, Jorge Guillermo Martín Bermejo, y otros cuatro directivos más.
En tanto, el 12 de julio de 2019 se realizó la junta para dar a conocer el fallo de la licitación pública nacional número LO-009J2U002-E10-2019 para la contratación de obra pública denominada “Mantenimiento a red de alumbrado público y trabajos complementarios”, en la cual se privilegió a Edificaciones Castro y Asociados.
Un total de siete licitantes participaron en el concurso, pero seis fueron desechadas, por diversos argumentos.
A la empresa ganadora se le pagó dos millones 312 mil 839.39 pesos, cuyo contrato se firmó el 26 del mismo mes.
Asimismo, se determinó que la obra tendría una duración de 135 días naturales, por lo que el trabajo inició el 1 de agosto, para concluir el 13 de diciembre de 2019.
El acta de fallo fue firmado por el gerente de Operaciones e Ingeniería, Carlos Calderón Carrillo; el subgerente de Ingeniería, Juan Manuel Cruz Mendoza, y el jefe de Proyectos y Concursos, Roxana Cua Cuevas, así como uno de los siete licitantes.
Como oportunamente se publicó, de manera dolosa, y sin justificación alguna, la API – Progreso suscribió en 2019 un contrato de obra pública sin efectuar una licitación, con tal de apoyar de manera directa al empresario Jesús Ibarra Velázquez, encargado de Proyectos y Construcciones J. Ibarra, SA de CV, a quien se le entregó cerca de cinco millones de pesos.
En el contrato con número Apipro-OP-020/19, a la iniciativa privada beneficiaria se le asignó un monto por cuatro millones 873 mil 795.92 pesos para la obra de “reparaciones en edificios administrativos”, aunque no se detalló de la labor a efectuar en el Puerto de Altura.
Según el documento, en custodia de Sol Yucatán, la empresa adjudicada “cumplió con los criterios de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que garantizaron la propuesta económicamente más conveniente para el Estado”.
El plazo de ejecución de la obra fue de 92 días, según el contrato, por lo que se empezó a trabajar el 23 de septiembre, para acabar el 23 de diciembre de 2019.
El documento fue firmado por el apoderado legal de la API de Progreso, Agustín Jorge Arroyo Toledo, así como por el empresario, Ibarra Velázquez.
De manera simultánea de estar labor, a finales de octubre de 2019, el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Héctor López Gutiérrez, dio el banderazo de inicio de los trabajos de dragado del puerto de abrigo de Yucalpetén, Yucatán.
Señaló que el puerto de Yucalpetén ahora representa el esfuerzo de un programa encaminado en hacer de Progreso el puerto estratégico del país en el Caribe.
Remarcó que por su ubicación geográfica, cuenta con mucho potencial para participar en el comercio mundial, el cual se hace hasta en una vía marítima, y está perfectamente ubicado para vincularse con todos los puertos que están alrededor de la salida del Canal de Panamá y que distribuyen comercio en toda la región del Mar Caribe.
Las obras beneficiarán a 25 marinas turísticas que contemplan cinco mil embarcaciones de recreo, cifra que ningún otro puerto de Latinoamérica tiene hasta ahora.
La obra contempla la construcción de tres muelles tipo peine de concreto para aumentar la capacidad de atraque del puerto con 120 posiciones adicionales, además de la rehabilitación de 535 metros de muelle a base de cubos de concreto, incrementando la capacidad de carga del muelle.
El proyecto también incluye el dragado de mantenimiento del canal de navegación y dársenas, lo que permitirá que más de 550 embarcaciones de flota pesquera de mediana altura y otras cinco mil de 25 marinas turísticas, puedan ingresar al puerto de abrigo para ser resguardadas de manera segura.
Posteriormente, a mediados de diciembre se destacó el esfuerzo por modernizar la instalación portuaria, por lo que en coordinación con la API y la empresa APM Terminals (APMT) permitieron la llegada de la grúa pórtica móvil Post Panamax y pueda incrementar la productividad en 30 por ciento en los muelles del astillero.
Dicho equipo permitirá levantar hasta 125 toneladas, además cuenta con un brazo con alcance de 51 metros. Para esto, se realizó una inversión de 5 millones de dólares.
La productividad en el movimiento de contenedores del Puerto de Altura de Progreso aumentará en 30 por ciento con la puesta en operación de la grúa móvil Terex 5506, como parte de los esfuerzos por modernizar la instalación portuaria.
El equipo adquirido consiste en dos Reach Stacker Kalmar, dos Spreader semiautomáticos y la mencionada grúa móvil Post Panamax de última generación, con capacidad de levantar hasta 125 toneladas y un brazo con alcance de 51 metros. Para esto, se realizó una inversión de cinco millones de dólares.
