Insultante despilfarro

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- El ofensivo desvío de dinero por parte del gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, no tiene límites pues ahora resulta que hasta el alimento les arrebata a los más necesitados a través del DIF.

Tan mal están las cosas dentro del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia yucateco, que en plena pandemia se ha visto un DIF agachón y evasivo ante las necesidades de los más vulnerables, pero en contraparte, ello no les ha impedido gastar de lo lindo durante la presente administración.

Para prueba basta un botón. Resulta que, pese a que las clases presenciales en el Estado han sido prácticamente nulas desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo de 2020, resulta que el DIF estatal pagó casi 180 millones de pesos entre desayunos escolares y despensas del programa de asistencia social alimentaria a la empresa Comercializadora Ecourbana, SA de CV.

Según consta en el contrato DIF/177/2021, el DIF estatal representado por el encargado de la Dirección General, Juan Gualberto Barea Canul y la directora de Desarrollo Comunitario y Alimentación, Leticia Cristina Mena Macossay, pagó 179 millones 955 mil 610 pesos a la empresa propiedad de David Humberto Quiñones Osorio y Carlos Adrián Quiroz Osorio, a razón de 54 millones 547 mil 290 pesos derivados del programa de desayunos escolares 2021, y 125 millones 408 mil 320 pesos, del programa de asistencia social alimentaria. A personas de atención prioritaria.

Esta misma empresa también fue la ganona en 2019 pues recibió otro contrato por 170 millones 176 mil 835 pesos también por desayunos y despensas a través del contrato DIF/DG/DDCA/135/2019.

Lo peor de estos contratos, al menos el firmado en 2020 por alrededor de 160 millones de pesos y el de este año por casi 180 millones, es que, con la pandemia y el cierre de planteles escolares, miles de niños yucatecos y personas en condición precaria, dejaron de recibir los desayunos contratados y pagados con dinero de los yucatecos, y que sobra decir, a la fecha nadie conoce el destino de ese dinero.

Nadie, si hablamos de la población general, porque si hay alguien que sí conoce el paradero de todas estas sumas millonarias de dinero desviado a través de empresas factureras, es precisamente el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal.

Regresando al contrato del 2021 por 180 millones de pesos, resulta que el olor a comida descompuesta por la corrupción, arranca desde la “receta” misma que la Empresa Ecourbana presentó ante el DIF en una presunción de Constitución de Sociedad, pues en él se puede analizar un objeto de sociedad con decenas de variables comerciales, pero por ningún lado se lee que sea una empresa especializada en la producción o comercialización de alimentos.

Solo basta echarle un ojo a la Constitución de Sociedad de la empresa Comercializadora Ecourbana, S.A. de C.V., con Folio Mercantil Electrónico N-2018062517 de fecha 8 de junio de 2012, para ver que la compañía propiedad de David Humberto Quiñones Osorio y Carlos Adrián Quiroz Osorio, en realidad se constituyó para la celebración de cualquier tipo de contrato “a modo”.

Por ejemplo, sin especificar ni un solo giro comercial o prestación de servicio en el que estuviera especializado, enumera hasta 16 puntos “objetos sociales principales”. Destacando la realización de toda clase de actos de comercio; importación y exportación de todo tipo de bienes; compra, venta, permuta, arrendamiento y explotación de toda clase de bienes; adquisición o arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles.

Y la lista de “servicios” continúa, pasando por la compra venta y arrendamiento de maquinaria y equipo; obtener y conceder préstamos mediante la obtención de garantías; más un gran etcétera, donde queda claro que la misma, no es otra cosa que una empresa constituida con la única finalidad de acceder a contratos públicos de toda índole donde el ingrediente principal sea la corrupción.

Ya desde ahí se empieza a vislumbrar su constitución como empresa facturera. Además, uno de sus dueños estuvo involucrado en un escándalo de desvío de dinero. Dos puntos que un servidor público honesto, tomaría de inmediato como una alarma para evitar a toda costa otorgar un contrato con este tipo de empresas.

Pero estamos hablando del gobernador yucateco Mauricio Vila Dosal, tan acostumbrado a celebrar contratos que le generen mayores beneficios a su bolsillo en su carrera por la candidatura por su partido el PAN a la presidencia de la República en 2024, que en beneficio de la entidad.

No es la primera vez para Vila Dosal que cierre tratos con un empresario señalado por estar involucrado en escándalos de desvío de dinero, o por poseer empresas señaladas por el SAT como factureras.

Es más, pareciera que el gobernador yucateco ve con buenos ojos a este tipo de empresarios, pues sabe que a ellos no hay que “dorarles la píldora” a la hora de ofrecer un negocio jugoso que involucre la apariencia de un contrato pagado con recursos públicos, o bien se trate de una obra del tipo “diezmero”.

Dicho empresario más que señalado, es Carlos Adrián Quiroz Osorio, mejor conocido en el municipio de Tizimín, Yucatán, como “Zapote”, a quien su amigo el alcalde de dicha demarcación, Mario González González, entregó una obra que ni siquiera estaba licitada, misma que contemplaba la reconstrucción de una calle de la ciudad.

La nota, ampliamente documentada por el medio local Grillo de Yucatán, publicada el día 17 de abril de 2021, señalaba que el también candidato a regidor, Carlos Adrián Quiroz Osorio, ya había comenzado los trabajos de pavimentación de una calle, desde el día 16 de abril, cuando la obra con número de licitación FAISM-096-VT-010-2021 apenas se concursaría el día 20 y el fallo se daría el día 21 de abril.

Aunque viendo quienes serían los otros participantes, daba igual quien se llevara la obra, todos ellos han sido señalados en algún momento por participar en desvíos de recursos, además que dejaban evidencia de que se trataba de una licitación amañada. Los otros concursantes eran: Juan José Fernández Mendoza (suegro del candidato a regidor) y Lazavi Constructores S.A. de C.V., empresa de Eduardo Manrique Marrufo Vázquez, prestanombres de Quiroz Osorio.

Por este hecho, la ciudadanía coincidió en que ello era prueba contundente de la corrupción de Mario González González, “pues las obras se las entrega a sus amigos, quienes seguramente le darán una buena mochada y harán un trabajo de pésima calidad”.

El mismo medio renovó la información el día 5 de junio de 2021, sosteniendo que la relación de corrupción y complicidad entre Mario González y Carlos Adrián Quiroz Osorio, no solo se limitaba en la adjudicación directa de obras de pésima calidad, sino que además el “Zapote” le servía de operador electoral y mapache.

Esto, luego de que en las pasadas elecciones, cuando Mario González volvió a contender a alcalde por el PRI, detuvieron a Quiroz Osorio en compañía del comisario ejidal Manuel Balam Arceo “Manis” y a Luis Fuentes “Canica”, cuando se encontraban comprando credenciales de elector frente a lo que fue el Restaurante “Chamorros”, y para ello llevaban consigo 300 mil pesos en efectivo.

Además, se dijo que Carlos Adrián Quiroz Osorio, operaba de la misma forma “mediante adjudicación directa”, en municipios del Oriente del estado, en los que el PRI gobierna, “de modo que hace obras, que según nuestros informantes son de mala calidad, por asignación directa, concursos amañados que gana o invitación a tres en la que siempre le dan el trabajo”, destaca el escrito.

Pero la corrupción “etérea” de este personaje no solo se limita a Yucatán; en Quintana Roo también recibió un contrato millonario a través de otra de sus empresas “fantasma”: Constructora DIQSA, S.A. de C.V., otorgado por la mujer artífice de corrupción en el estado: Laura Beristain Navarrete, quien lo contrató para la “Rehabilitación y mejoramiento de la Quinta Avenida y calles transversales en su primera etapa”.

Ello sin tomar en cuenta que la pseudo empresa, era investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al ser detectada como presunta empresa fantasma.

De acuerdo con información publicada por el Diario Oficial de la Federación, la empresa de Carlos Adrián Quiroz Osorio, constituida en Mérida, Yucatán en 2012, estaba siendo investigada por emisión de comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Algo similar a lo que ocurre con la empresa objeto de éste análisis: Comercializadora Ecourbana SA de CV, misma que de acuerdo a su constitución de sociedad, ya veníamos indicando, no se trata de otra cosa, que una empresa facturera más de este empresario que ha sabido a cuales servidores públicos arrimarse: Mauricio Vila Dosal en Yucatán y Laura Beristain Navarrete, en Quintana Roo.

Y aunque una ya va de salida y al otro aún le quedan un par de años en el poder, ambos parecieran haber sido cortados con la misma tijera en el momento mismo de su nacimiento, porque si en algo son iguales, es en su hambre desmesurada de dinero mal habido proveniente de las arcas públicas, como si en ello les fuera la vida.

Por su parte, resulta que David Humberto Quiñones Osorio, además de ser copropietario de Comercializadora Ecourbana SA de CV, también lo es de la empresa Urbes S.A. de C.V., por medio de la cual ha logrado algunos contratos en obra pública en Yucatán por un total de 4.5 millones de pesos, desde su constitución apenas el año pasado. O sea, hecha al vapor para obtener recursos viladosalianos.