Península

Lucra SCT con carreteras

En un contrato con claro favoritismo, un monto por 7.5 millones de pesos destinó el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), José Renán Canto Jairala, como parte del acto de corrupción que organizó junto con el empresario Eddye Hobak Ku, a quien en 2019 le autorizó labores de reparación de carreteras federales.

Durante la administración del funcionario, diversos fueron las acciones de desvío de recursos, tal como ha publicado Sol Yucatán, y en esta ocasión se benefició a Asfaltos y Emulsiones Peninsulares, Sociedad Anónima de Capital Variable.

El 24 de enero de 2019, en la Sala de Usos Múltiples del Centro SCT se presentó el resultado del acta de fallo correspondiente al procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas, con número IO-00090000948-E6-2019, para los trabajos de conservación rutinaria de tramos 2019, para una longitud equivalente de 149 kilómetros de la carretera Mérida-Tizimín.

Específicamente, los tramos Cansahcab-Dzilam de Bravo; el libramiento Motul- Cansahcab, y los subtramos Temax y Buctzotz.

En la convocatoria participaron al menos tres negocios, pero por orden de Canto Jairala se privilegió a Asfaltos y Emulsiones Peninsulares, SA de CV, a quien se le autorizó un techo financiero por siete millones 500 mil 0.80 pesos.

Por ende, fue flagrante la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como su reglamento.

De acuerdo con el documento, en poder de Sol Yucatán, los trabajos tendrían una duración de 318 días, y la obra inició el 1 de febrero de 2019, ya que el contrato se firmó el 29 de enero.

También se le otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de dos millones 250 mil pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

Para deslindarse de toda sospecha, el delegado evitó firmar el acta, en cambio fue signada por el subdirector de Obras, Jorge Alfredo Martínez Sierra, y el residente general de Conservación de Carreteras, Manuel Borjas Domínguez, ambos de la SCT, así como el empresario.

ANTECEDENTES

Como oportunamente se publicó, el 24 de enero de 2019 Canto Jairala autorizó el proyecto IO-009000948-E7-2019, relativa a trabajos de conservación de diversas carreteras a cargo de la empresa MCR Proyectos y Desarrollos, SA de CV, con una longitud equivalente de 154.1 kilómetros.

La SCT le asignó un monto por siete millones 747 mil 434.85 pesos, para trabajar en los tramos de Valladolid – Río Lagartos; Kikil – Panabá, y la Mérida – Tizimín.

El contrato se firmó el 29 de dicho mes, y se abundó que el plazo para la obra sería de 318 días naturales, por lo que el trabajo comenzó el 1 de febrero de 2019.

Asimismo, a la empresa Caminos, Puentes y Señalamientos, SA de CV, a la cual se le asignó ocho millones 59 mil 530.80 pesos para la realización de diversas obras efectuadas en 2019, de acuerdo con la licitación número IO-009000948-E4-2019.

La convocatoria fue relativa a los trabajos de conservación rutinaria de los tramos de las carreteras Mérida-Celestún, Mérida-Sisal, Hunucmá-Sisal; Mérida-Tetiz, Mérida-Tekantó, y Tixpeual-Tixkokob, para una longitud equivalente de 186.9 kilómetros.

De acuerdo con el acta de fallo, en poder de Sol Yucatán, la ejecución del trabajo tendría una duración de 319 días, empezando a partir del 1 de febrero de 2019.

En abril de 2021, Sol Yucatán denunció que servidores de la Nación estaban bajo sospecha por un posible desvío de recursos por cerca de 25.2 millones de pesos, ilícito que se cometió en Yucatán durante 2018, en la remodelación y ampliación de la carretera Mérida-Chetumal, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En tanto, se integra el expediente por el “probable” daño económico por 25 millones 189 mil 64 pesos en el que habría incurrido funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El reporte de la auditoría 2018-0-09100-20-0342-2019 342-DE refiere que la anomalía se detectó en la Dirección General de Carreteras, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT, que fue la encargada del proyecto carretero.

Por ende, personal de esta dependencia adjudicó los contratos de obras públicas 2018-31-CE-A-502-W-00-2018, 2018-31-CE-A-503-W-00-2018 y 2018-31-CE-A-504-W-00-2018 para realizar la ampliación y modernización de la carretera Mérida-Chetumal sin contar con los proyectos ejecutivos terminados, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

El primer contrato se adjudicó a Maquinaria Kambul, Sociedad Anónima de Capital Variable, y a la Constructora Mool, SA de CV.

Asimismo, el segundo se otorgó a Vivienda e infraestructura del Sureste, SA de CV, y a Constructora Escalante, SA de CV; mientras que el tercero se adjudicó a Constructora Lusen, SA de CV.

También la ASF verificó que el Centro SCT Yucatán inició la ejecución de los trabajos de los contratos de obras públicas antes mencionados, sin que los proyectos ejecutivos estuvieran firmados y aprobados tanto por sus responsables como por las autoridades competentes de la secretaría.
En la auditoría se advierte que los proyectos ejecutivos de las obras que se proporcionaron a los licitantes no contaban con los planos constructivos, las memorias de cálculo, las plantas, las secciones y los detalles que ampararan las cantidades de obra consideradas en los catálogos de conceptos.

La dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también detectó otras irregularidades, como el pago de un millón 286 mil 300 pesos por trabajos duplicados entre un contrato de 2017 y 2018 en el tramo del kilómetro 71+020 al km 71+295.

Asimismo, la SCT pagó gastos de operación por un monto de tres millones 62 mil 200 pesos en el proyecto de inversión sin que correspondieran a erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura.

En Yucatán también se detectó el caso del titular de la empresa Joramo Constructora, SA de CV, José María Pino V Rodríguez, quien de 1998 a 2002 fue subdirector de Obras del Centro SCT-Yucatán, y de 2003 a 2010 fue director del Centro SCT-Tabasco, quien se beneficia con millonarios contratos que dicha dependencia le otorga.

De acuerdo a los portales de transparencia gubernamental, la empresa Joramo Constructora fue constituida en 2010, mismo año que Pino V Rodríguez dejó su cargo en Tabasco, y desde entonces ha ganado contratos por un monto de 80 millones 991 mil 283.69 pesos, por diversas obras carreteras dentro de la SCT.

Según el registro público, como accionistas y socios de la empresa aparecen Ian Moritz Plata Pino, Rafael de Jesús Galán Villareal y el propio José María Pino V Rodríguez.

Entre 2013 y 2019, a la empresa Joramo Constructora, la SCT le ha asignado un total de 15 contratos de obra cuyo monto supera los 80 millones de pesos.

Tan sólo el 14 de enero 2019, el Centro SCT Yucatán adjudicó a Joramo Constructora la licitación IO-009000948-E2-2019 para los servicios de conservación rutinaria de la vía Kantunil-Valladolid por un monto de ocho millones 72 mil 30 pesos.

Los contratos para la empresa de Pino V Rodríguez han fluido de manera constante dentro de la dependencia donde trabajó por muchos años.

En 2018, la empresa se adjudicó dos contratos por un monto total de 10 millones 120 mil 335.97 pesos; en 2017, se le asignaron otros dos contratos que sumaron en conjunto 11 millones 38 mil 282.8 pesos.

En el ejercicio fiscal de 2016, la empresa se adjudicó dos más por un monto de ocho millones 655 mil 821.45 pesos; en 2015, ejerció nueve millones 505 mil 269.38 pesos en dos contratos; en 2014 tuvo ingresos por 25 millones 383 mil 985.41 pesos en cuatro licitaciones ganadas.

Por último, en 2013 también obtuvo dos contratos que le redituaron ocho millones 215 mil 558.68 pesos.
Irónicamente, la SCT contradice lo establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 13 de marzo de 2019 se pronunció a favor de vetar o no permitir que los ex servidores públicos pasaran a empresas “relacionadas con ellos” durante un plazo de 10 años.

En su momento el Ejecutivo federal señaló: “la Ley de Austeridad contempla que quienes se desempeñaron como servidores públicos no pasen a trabajar a empresas privadas por un tiempo de 10 años”.

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