Yucatán: central de abastos, manzana de la discordia Vila-Renán
Redacción/Sol Quintana Roo
Yucatán.- La Central de Abastos de Mérida se convierte en la manzana de la discordia entre el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha, quienes se han distanciado más tras la violenta agresión de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en contra de los locatarios del lugar.
El enojo del rencoroso titular del ejecutivo es múltiple, en primer lugar, debido a que su proyecto del Campus de Escuelas Normales se viene abajo, además del engaño de que no habría problemas en el lugar, y en dado caso que surgiera, todo estaría controlado, pero es todo lo contrario.
En tan solo dos años, tanto el gobierno del Estado como el Ayuntamiento de Mérida tienen denuncias penales interpuestas en su contra en la Fiscalía General del Estado (FGE), así como querellas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
Incluso, la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos de Mérida cuenta con amparo federal, el cual fue violado hace poco más de dos meses, tanto por las autoridades municipales como estatales.
Lo peor de todo, tanto Vila Dosal como Barrera Concha nunca se imaginaron la fuerza de los locatarios, y mucho menos, el apoyo que reciben, tanto nacional como de organismos internacionales.
En los pocos eventos en los que han coincidido Vila Dosal y Barrera Concha, ambos se mantienen distantes, y evitan cualquier diálogo, a consecuencia de diversos temas tequiosos, pero el principal de ellos, es la Central de Abastos de Mérida.
El pasado lunes 18, integrantes de la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos de Mérida acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar el levantamiento del aseguramiento efectuado en las instalaciones, ya que dicha obra impide la adecuada realización de las actividades cotidianas que ahí se realizan además de generar un caos vehicular.
El presidente de la asociación de locatarios, Luis Moisés González Ojeda, a poco más de dos meses de la represión que sufrieron por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hasta el momento no especifican el delito presuntamente cometido, pero si ocasionan un perjuicio en las actividades diarias.
Por tal motivo, acompañado de su abogado, Jorge Armando Basulto Pech, acudieron a la FGE, al comparecer sobre los hechos contenidos en la carpeta de investigación número 29/G9/2022, ejerció su derecho, solicitó el levantamiento del aseguramiento colocado en la Central de Abastos de Mérida.
La cerca se empezó a colocar el 12 de febrero de 2022, al día siguiente de la agresión sufrida por parte de los elementos de la policía estatal, hasta abarcar una extensión de nueve hectáreas.
González Ojeda comentó que el área cercada servía como estacionamiento para los clientes, área de operación para los camiones de carga y tráileres, sitio donde pernoctan los conductores de las pesas unidades, e incluso hay un área que servía de baños públicos.
Por ende, hay un caos vial en la Central, afectando notablemente las actividades que se realizan.
El polémico caso de la Central de Abastos se ventila en el Juzgado Federal del Quinto Distrito, así como en el Legislativo local, en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, e incluso, los locatarios de Mérida cuentan con el apoyo incondicional de la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimientos (Flama).
La Central de Abasto de Mérida lleva 40 años con la posesión de la propiedad por decreto federal, por lo que con las arbitrariedades cometidas a partir de 2020, tanto el gobierno del Estado como el Ayuntamiento atentan contra el derecho a la alimentación.
González Ojeda aclaró que la Central de Abasto de Mérida es un organismo público descentralizado con figura jurídica y patrimonios propios, en la cual laboran 50 empresas, y en un principio tenía una extensión de cerca de 40 hectáreas.
Recordó que fue creada por decreto federal de 1982, durante la administración del presidente José López Portillo y del gobernador Francisco Luna Kan, cuyo proyecto tiene un plazo de 100 años.
Aunque de acuerdo con la página oficial del Ayuntamiento de Mérida se establece que “ante la necesidad de crear un centro de abastecimiento comercial, el Congreso del Estado de Yucatán, por medio del Decreto 526 decreta La Ley que crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto de Mérida, promulgada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el día 5 de enero de 1982, entrando en vigor al día siguiente de esta”.
La misión es “proporcionar un espacio suficiente, seguro y adecuado para la venta al mayoreo y menudeo de frutas y verduras, con las áreas necesarias para la carga y descarga de productos a comercializar”, y cuya visión es “ser una Central de Abasto limpia, segura, con una estructura sólida y planificada, para lograr ser la primera opción de abasto alimentario del Estado”.
“A lo largo de 40 años, nunca hemos recibido apoyo de algún alcalde, pero desde que empezó la administración de los ediles emanados del Partido Acción Nacional (PAN) comenzaron los problemas, al grado que ya nos quitaron cerca del 40 por ciento de lo que nos pertenecía, y ahora quieren apropiarse de nueve hectáreas de terreno y eso no lo vamos a permitir”, aseveró durante la entrevista concedida.
Lo más irónico de todo, en 2015, Barrera Concha prometió la modernización de la Central de Abastos de Mérida, incluyendo la construcción de nuevas naves, pero “fuimos víctimas de los engaños del alcalde”.
Recordó que ante las anomalías cometidas, interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público del Fuero Común, en contra de diversos integrantes del Consejo de Administración de la Central de Abastos.
Por los delitos de abuso de confianza y fraude acusó a su antecesor, Paulino Hernández Herrera, así como en contra de quien o quienes resulten responsables.
Hernández Herrera otorgo su consentimiento para donar al gobierno del Estado el predio 364 de la calle 59 B del fraccionamiento Yucalpetén, decisión que tomó “sin que exista y medie autorización, consentimiento y consenso por parte de los 41 socios de la Unión de Mayoristas”.
El entrevistado señaló que dicho acto se ha realizado en completo hermetismo y en complicidad con diversos funcionarios, empresarios y representantes de cámaras comerciales.
Ejemplificó el caso del representante del Ayuntamiento de Mérida y presidente del Consejo de Administración, Alejandro Iván Ruz Castro; la directora de Finanzas, Laura Cristina Muñoz Molina; el Representante de la Dirección de Desarrollo Económico, Gonzalo Navarrete Castilla, y la regidora Nora Argelia Pérez Pech.
De igual forma está el Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Mérida, Ignacio Gutiérrez Solís; el representante del Presidente de la Canaco-Servytur, Michel Salum Francis, Carlos Gamboa Ponce, y el hoy finado Miguel Ángel Gutiérrez Manchado, secretario técnico Operativo y Coordinador de Paramunicipales.
Incluso, estuvo presente Luis Felipe Martin Oroza, como representante del gobernador Mauricio Vila Dosal.
“Los hechos se desarrollaron a espaldas y sin ser consensado o comunicado a los 41 socios de la Unión de Mayoristas”, subrayó.
Comentó que “Hernández Herrera nunca nos comunicó o convocó para realizar tal acción, que fue de haber dado su autorización y consentimiento para realizar una parte del predio que pertenece a nuestra Asociación a favor del Gobierno del Estado, teniendo por hecho que a cambio de esa autorización estuvo por consiguiente un beneficio personal, siendo, por lo tanto, que esa donación fue realizada de manera unilateral y sin el quórum requerido, siendo entonces fraudulenta”.
Enfatizó que “Hernández Herrera no tenía el derecho de enajenar el predio, ya que es de uso exclusivo para la Central de Abastos de esta ciudad capital”.
Después de actuar con dolo, convocó a una asamblea para renunciar al cargo de presidente de la asociación, es decir, actuó de manera sospechosa, motivo por el cual lo denunció penalmente.
